Olvidando que la pobreza y el hambre también son una amenaza, los antimineros finalmente chocaron conel grupo de desocupados de Andalgalá, que reclama por la reactivación del proyecto Agua Rica.
No fue suficiente con colocar todo bajo el signo de la fatalidad para “explotar”, a costa de los más necesitados, la resignación social. Se olvidan que cada individuo y su familia representa un destino en sí mismo.
Velar por un sistema productivo moribundo no es ni siquiera una salida de emergencia para alguien que sufre las consecuencias inhumanas de estar desocupado.
¿Cuántos trabajadores del campo se encuentran hoy registrados en el sistema formal?
No saben, no contestan...
Lo cierto es que, si bien los números son una vergüenza, el drama es la consecuencia cruel de esa realidad que encima cuenta con un grupo de personas que se empeñan en llevar adelante una interna ambiental que no existe.
Evidentemente, el desempleo no afecta ni conmueve a los ambientalistas antimineros. Es más bien una cuestión ideológica e incluso política.
De hecho, Sergio Martínez fue candidato a intendente por la denominada “Alianza de los Pueblos” en la última contienda electoral, y el resultado fue apenas perceptible por la escasa adhesión que tuvo la propuesta política antiminera.
Sin embargo, aunque perder y ganar forma parte de las reglas del juego e incluso de la vida, Martínez es considerado uno de los “cerebros” que planifican el modo y la forma de cometer ciertos delitos en el departamento. Pero eso no cobraría mayor trascendencia, si no fuera porque Martínez es un empleado del Poder Judicial.
Sin duda estuvo involucrado en la mayoría de los hechos de violencia ocurridos en el departamento, convencido de que en algún momento llegará a ser jefe comunal.
Sin ir mas lejos, intervino esta semana en el escandaloso episodio del Concejo Deliberante, donde castigaron a los ediles que no votaron con el criterio ambientalista, insultando, rompiendo, y atropellando la institución y los derechos individuales de quienes no piensan como ellos.
Eso no es nada, este columnista cuenta con un video donde se puede observar al empleado judicial junto a otros asambleístas, conversando sobre cómo escondieron -y se burlaron de la policía y la Justicia- al ambientalista antiminero que amenazó de muerte al juez Rodolfo Cecenarro y a su familia, el entonces prófugo de la justicia Alejandro de las Cuevas.
¿Hasta dónde puede Martínez, siendo un empleado del Poder Judicial, mentir y engañar a la Justicia? ¿Conocen las autoridades judiciales estos graves hechos que involucran directamente a un empleado de esa órbita?
Puestos de trabajo
Pero volviendo al tema de los desempleados andalgalenses, y su desesperación por obtener respuestas de vida ante el embate de la pobreza que agobia, el secretario de Minería de la provincia, Jorge Eremchuk, anunció que la solución a los desempleados será dada mediante el plan social minero, que generará doscientos puestos de trabajo para los desocupados en la Perla del Oeste, además de su capacitación en los rubros relacionados con el sector minero.
El funcionario precisó que estuvo con el ministro de Producción, Juan José Bellón, trabajando para crear un Centro de Desarrollo Productivo y, a través de él, financiar proyectos con fondos del sector minero, con la idea de mitigar la desocupación en Andalgalá.
Por otra parte, los desocupados se entrevistarán hoy con el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, con el propósito de exigir la reactivación del proyecto Agua Rica y con la esperanza de que se puedan canalizar fondos a través de cooperativas de trabajo, hasta que comience la construcción de la mina.
En tanto que en la provincia, Eremchuk hizo lo que se esperaba que hiciera. Fue al departamento Andalgalá y se puso a disposición para informar y consensuar estrategias de control conjuntas que luego, sin mediar explicación, los ambientalistas cortaron unilateralmente.
Dado que las soluciones a estos problemas son diversas, es indispensable una mayor coordinación intersectorial y multidisciplinaria que atraviese el conjunto de las áreas gubernamentales, pero se destacó la iniciativa oficial (rechazada) de generar un sistema de información ambiental público, y la idea de desarrollar sistemas de vigilancia “con la comunidad”. De manera tal que como están las cosas el choque con los desocupados es inevitable.
Y si bien es lícito exigir un ajuste de cuentas político con la realidad, no es bueno insistir con “perpetuar el mito a la fuerza”. Los ambientalistas en estos días juegan todas sus fichas a la violencia, y esperan que vengan fuerzas políticas de otras provincias para así momificar el presente definitivamente.
Esta historia ya parece “Crónica de una muerte anunciada”, de García Márquez. Hay muchos indicios de lo que va a pasar, pero parece que la justicia no lo advierte, ni hace anda, para frenar un desenlace fatal. La diferencia es que esta es la realidad, no una novela de ciencia-ficción.