La creación de la Asignación Universal por Hijo ha ido ganando consenso social hasta convertirse en la medida del Gobierno con mayor aceptación por parte de la ciudadanía. En febrero pasado, a cuatro meses de su implementación, una encuesta nacional de la consultora Analogías reflejaba un nivel de acuerdo con la decisión del 53,8 por ciento, contra un 44,1 por ciento de desacuerdo, básicamente expresado en que sería un “desincentivo” para que los desocupados busquen empleo. Esa línea de razonamiento alcanzó su máxima expresión en el titular de un diario de Mendoza, que lo bautizó como el plan “No trabajar”. Ese tipo de descalificaciones, sin embargo, ha retrocedido. Una última encuesta de Ibarómetro, también nacional, revela que la aprobación trepó en julio hasta el 68,5 por ciento, contra un 27,1 de rechazo. Trabajos intermedios de ambas consultoras fueron confirmando esa tendencia de menos a más.
Las razones de la aceptación son varias. La primera es que para los encuestados –entre 1000 y 1400 en todos los casos– el Gobierno hizo bien en extender el beneficio de la asignación familiar a los desocupados, trabajadores en negro y empleadas domésticas. El programa es visualizado mayoritariamente como la igualación de derechos entre ocupados-formales y desempleados-informales. También se reconoce que más allá del dinero –desde este mes son 220 pesos por mes por hijo, en lugar de los 180 pesos previos–, la asignación promueve la escolarización y la vacunación, requisitos que deben cumplir los padres para que los hijos sigan cobrando.