Por Juan Carlos Andrada
De repente, los opositores le bajaron el tono al discurso antiminero.
Se habían montado en una ola de corriente favorable, y se hicieron de argumentos contra la actividad minera, pero que paulatinamente fueron desechando, a medida que el efecto del primer embate perdía su efecto político y se agotaba en una perorata sin fundamento.
Repetían todo lo primero que escuchaban por ahí, pero sin dejar de darle ese toque de distinción, que su traje de oposición requiere, a la hora de tomar prestado protagonismo.
Pero al final ¿estaban a favor o contra la actividad minera? ¿Todas las voces que antes estaban contra la minería ahora se volvieron a favor?
Sucede que la oposición se imagina todo el tiempo que va a ser gobierno, y en ese contexto (“sueño”) no se imaginan gobernar la provincia sin los recursos que aporta la actividad minera.
Dicho de otra forma, en concepto de regalías mineras y utilidades que recibe la provincia como socia y dueña del proyecto Bajo La Alumbrera entran por año, aproximadamente, más de 450 millones, prácticamente el doble de la recaudación provincial.
Sintéticamente, y comparativamente, todo lo que se recauda en impuestos provinciales, como ingresos brutos, automotor, inmobiliario, no es ni la mitad de lo que ingresa por la actividad del sector minero en la provincia.
Sin embargo, en ese momento no interesó seguir alterando la esencia y la forma de la actividad con atribuciones malintencionadas en medio de escaramuzas mediáticas de poca monta.
Mientras hipócritamente “lloraban con un ojo”, simulando preocupación alentaban el frenesí y la enajenación social sin reparar en el daño que se le hacía a la provincia.
Pero aparte de interesarles gobernar, contando también con los fondos que deja la minería, ¿se habrán informado también de lo que pasaba en el mundo? Es probable.
Las leyes mineras en el nivel nacional, a las cuales las provincias adhirieron, no son ni más ni menos que una recopilaron y un mejoramiento de la legislación de otros países vecinos.
Por tomar sólo algunos ejemplos, el año pasado, Perú trepó al tercer lugar como destino de inversiones mineras globales, país que se ha consolidado como el segundo productor mundial de cobre (a penas debajo de su vecino Chile), y es el sexto productor internacional de oro y el primero en América.
Chile es el mayor productor mundial de cobre y se ubica en el séptimo lugar en el ranking de radicación de inversiones.
Canadá y Australia ocupan los dos primeros lugares del mundo, con 1.170 y 951 millones de dólares, respectivamente, en concepto de inversiones en exploración minera.
Pero volviendo a la Argentina, y en particular a Catamarca, dentro del articulado que se refiere a lo que nos queda con este negocio de la minería, está el tema del 3 % del valor de mineral en boca mina. El punto es que si alguna provincia quiere cobrar 10 % ó 15 % de regalías mineras, en realidad no quiere cobrar un poco más, sino directamente “correr” a las empresas mineras de la provincia. Dicho de otra forma, no sólo estamos compitiendo con otros países en condiciones favorables para la radicación de empresas, sino con otras provincias. En este caso, no somos los únicos interesados en promover actividades que generen mano de obra e ingresos substanciales en las arcas provinciales al mismo tiempo.
Ante este panorama “desconocido”, parece hasta entonces que parte de la oposición se dejó llevar por la primera impresión y la otra se tildó.
En medio de idas y vueltas, la primera de ellas intentó vender un discurso de medio pelo, que nadie compró, y los otros, jamás movieron un dedo para solucionar el conflicto que consumía a la sociedad.
En cuanto al tema ambiental, se objeta al proyecto Bajo La Alumbrera porque, según sus “críticos”, “contamina”.
En primer lugar, sin duda que el medio ambiente es lo más importante. En segundo lugar, han de saber los lectores de esta columna que la actividad minera es la única industria argentina que tiene una legislación ad hoc para la protección ambiental. Sin embargo, sus detractores aseguran que esa legislación presenta falencias “premeditadas”. ¿Puede usted creer? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Se puede hacer controles efectivos?
Sigamos en todo caso con el ejemplo. De hecho, en 12 años de actividad, en el lugar de Minera Alumbrera se han tomado “más de un millón de muestras”, tanto en el dique de cola como en la descarga de agua de Tucumán, y nunca se han encontrado valores que estuvieran fuera de los permitidos o establecidos en la normativa vigente.
Tal vez la alternancia entre bienes y males en este país esté más bien ligada a los altibajos psicológicos de una clase dirigente, que se deja manejar con el humor social y lo que menos hace es informarse, primero, como corresponde y se espera de ellos.
Se habían montado en una ola de corriente favorable, y se hicieron de argumentos contra la actividad minera, pero que paulatinamente fueron desechando, a medida que el efecto del primer embate perdía su efecto político y se agotaba en una perorata sin fundamento.
Repetían todo lo primero que escuchaban por ahí, pero sin dejar de darle ese toque de distinción, que su traje de oposición requiere, a la hora de tomar prestado protagonismo.
Pero al final ¿estaban a favor o contra la actividad minera? ¿Todas las voces que antes estaban contra la minería ahora se volvieron a favor?
Sucede que la oposición se imagina todo el tiempo que va a ser gobierno, y en ese contexto (“sueño”) no se imaginan gobernar la provincia sin los recursos que aporta la actividad minera.
Dicho de otra forma, en concepto de regalías mineras y utilidades que recibe la provincia como socia y dueña del proyecto Bajo La Alumbrera entran por año, aproximadamente, más de 450 millones, prácticamente el doble de la recaudación provincial.
Sintéticamente, y comparativamente, todo lo que se recauda en impuestos provinciales, como ingresos brutos, automotor, inmobiliario, no es ni la mitad de lo que ingresa por la actividad del sector minero en la provincia.
Sin embargo, en ese momento no interesó seguir alterando la esencia y la forma de la actividad con atribuciones malintencionadas en medio de escaramuzas mediáticas de poca monta.
Mientras hipócritamente “lloraban con un ojo”, simulando preocupación alentaban el frenesí y la enajenación social sin reparar en el daño que se le hacía a la provincia.
Pero aparte de interesarles gobernar, contando también con los fondos que deja la minería, ¿se habrán informado también de lo que pasaba en el mundo? Es probable.
Las leyes mineras en el nivel nacional, a las cuales las provincias adhirieron, no son ni más ni menos que una recopilaron y un mejoramiento de la legislación de otros países vecinos.
Por tomar sólo algunos ejemplos, el año pasado, Perú trepó al tercer lugar como destino de inversiones mineras globales, país que se ha consolidado como el segundo productor mundial de cobre (a penas debajo de su vecino Chile), y es el sexto productor internacional de oro y el primero en América.
Chile es el mayor productor mundial de cobre y se ubica en el séptimo lugar en el ranking de radicación de inversiones.
Canadá y Australia ocupan los dos primeros lugares del mundo, con 1.170 y 951 millones de dólares, respectivamente, en concepto de inversiones en exploración minera.
Pero volviendo a la Argentina, y en particular a Catamarca, dentro del articulado que se refiere a lo que nos queda con este negocio de la minería, está el tema del 3 % del valor de mineral en boca mina. El punto es que si alguna provincia quiere cobrar 10 % ó 15 % de regalías mineras, en realidad no quiere cobrar un poco más, sino directamente “correr” a las empresas mineras de la provincia. Dicho de otra forma, no sólo estamos compitiendo con otros países en condiciones favorables para la radicación de empresas, sino con otras provincias. En este caso, no somos los únicos interesados en promover actividades que generen mano de obra e ingresos substanciales en las arcas provinciales al mismo tiempo.
Ante este panorama “desconocido”, parece hasta entonces que parte de la oposición se dejó llevar por la primera impresión y la otra se tildó.
En medio de idas y vueltas, la primera de ellas intentó vender un discurso de medio pelo, que nadie compró, y los otros, jamás movieron un dedo para solucionar el conflicto que consumía a la sociedad.
En cuanto al tema ambiental, se objeta al proyecto Bajo La Alumbrera porque, según sus “críticos”, “contamina”.
En primer lugar, sin duda que el medio ambiente es lo más importante. En segundo lugar, han de saber los lectores de esta columna que la actividad minera es la única industria argentina que tiene una legislación ad hoc para la protección ambiental. Sin embargo, sus detractores aseguran que esa legislación presenta falencias “premeditadas”. ¿Puede usted creer? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Se puede hacer controles efectivos?
Sigamos en todo caso con el ejemplo. De hecho, en 12 años de actividad, en el lugar de Minera Alumbrera se han tomado “más de un millón de muestras”, tanto en el dique de cola como en la descarga de agua de Tucumán, y nunca se han encontrado valores que estuvieran fuera de los permitidos o establecidos en la normativa vigente.
Tal vez la alternancia entre bienes y males en este país esté más bien ligada a los altibajos psicológicos de una clase dirigente, que se deja manejar con el humor social y lo que menos hace es informarse, primero, como corresponde y se espera de ellos.