Ante la amenaza pública de antimineros de parar, la primera semana de setiembre, toda actividad relacionada con el proyecto Agua Rica, un grupo de personas acudieron a la Justicia e interpusieron un recurso de amparo, solicitando medidas cautelares.
En este sentido, tanto en el Juzgado Civil, a cargo del juez Francisco Escipión Scidá, como en el juzgado de Control de Garantías, a cargo de Rodolfo Cecenarro, se tramita una serie de recursos de amparo, presentados por distintos grupos, dirigidos a prevenir inconvenientes a raíz del ultimátum de antimineros, que prometieron no dejar mover un solo vehículo o personal que se relacione con el proyecto Agua Rica, a partir de la primera semana de setiembre
“Solicitamos una medida cautelar de no innovar, a fin de que los demandados no obstaculicen el normal funcionamiento de la empresa, impidiendo el ingreso y egreso de personas, tanto empleados de planta, contratados, proveedores de Minera Agua Rica, vehículos y/o maquinarias. Es decir que no se hagan efectivas las amenazas públicas realizadas”, señalan los amparistas, y en todos los casos accionan contra el grupo denominado Autoconvocados por la Vida y/o Asamblea El Algarrobo.
Se trata de distintos grupos de amparos, que no tienen las mismas características, que fueron ingresando en la Justicia para su tratamiento y que siguen su curso normal.
Mientras tanto, los ambientalistas esperan contar con antimineros de otras provincias y departamentos, para materializar su intención de paralizar el proyecto en todos sus aspectos y por tiempo indeterminado, “hasta que la empresa se vaya y el proyecto quede sin efecto”, según la denuncia y la amenaza pública que lanzaron en julio a través de un ultimátum de 30 días.
Lo amparistas, refugiándose en derechos constitucionales, aseguran que “la garantía de razonabilidad debe estar siempre presente, tanto en los actos del Estado como de los particulares, a tenor del artículo 28 de la Constitución Nacional”, y que “el Poder Judicial no puede abstenerse de ejercer el control de razonabilidad. De lo contrario, deja de lado garantías que hacen a la esencia de nuestro estado de derecho, cuya integridad pretende resguardarse por medio, entre otros, de la subsistencia de dichas garantías”.
Los amparistas solicitan el dictado de una medida cautelar de no innovar, “a fin de que los demandados se abstengan por sí o por terceros de obstaculizar el normal funcionamiento de la empresa, impidiendo el ingreso y egreso de personas, tanto empleados de planta, contratados, proveedores de MAR, vehículos y/o maquinarias”. Todo ello hasta tanto recaiga sentencia definitiva, “a los efectos de evitar los graves perjuicios que en forma arbitraria e ilegal se estarán por ocasionar en los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente”, señalan.
Fuente: La Unión