El miércoles venció el plazo que un grupo de ambientalistas había dado para que Agua Rica se retire de Andalgalá. El hecho pretendió instalarse como un ultimátum no solo para la empresa, sino también para la minería en Catamarca.
Ese día, las expectativas fueron diversas, tanto de unos como de otros. El Gobierno, para garantizar la paz social, reformó la seguridad y envió grupos especiales de la Policía de la Provincia para prevenir y/o evitar cualquier episodio de violencia.
Los ambientalistas anunciaron actos culturales, vigilias, asambleas, siempre bajo la velada sospecha de que algo más podría ocurrir.
Los andalgalenses, en gran mayoría, lo tomaron con calma. Los chicos fueron a las escuelas, los empleados a sus trabajos y ninguna actividad cotidiana fue alterada o suspendida.
En definitiva, fue un día como todos. El plazo se cumplió y Agua Rica sigue instalada en Andalgalá.
La pregunta que surge entonces es: ¿qué cambió desde aquel violento 15 de febrero, cuando la protesta antiminera alcanzó su máxima expresión?
La respuesta no es una sola, sino tan diversa como las opiniones y los matices que pueden encontrarse tanto en uno como en otro lado del conflicto minero.
En primer lugar, podría ser que los asambleístas ya no pueden convocar activamente como lo hacían antes. Los andalgalenses puede que ya no se vean seducidos por los discursos antimineros tan radicalizados y violentos, y así, los que antes los apoyaban, el miércoles prefirieron quedarse en sus casas.
También cabe la posibilidad de que entendieron que la minería bien entendida puede ser la actividad que genere desarrollo en el departamento.
Sólo hay que ver el número de asistentes: 130 personas en el momento de mayor concentración, frente 600 y 700 personas que concurrieron a las primeras manifestaciones antimineras.
En contraposición, los pro mineros -entre desocupados, vecinos y vendedores de los puestos de productos locales ubicados en las puertas de la empresa- reunieron unas 450 personas.
Así las cosas, se puede inferir a las claras que Andalgalá decidió apoyar al trabajo. La ecuación es simple: de 18.000 andalgalenses sólo 130 se manifestaron en contra de la minería, sólo el 0,0072 % de la población. El porcentaje es contundente.
Ese día, las expectativas fueron diversas, tanto de unos como de otros. El Gobierno, para garantizar la paz social, reformó la seguridad y envió grupos especiales de la Policía de la Provincia para prevenir y/o evitar cualquier episodio de violencia.
Los ambientalistas anunciaron actos culturales, vigilias, asambleas, siempre bajo la velada sospecha de que algo más podría ocurrir.
Los andalgalenses, en gran mayoría, lo tomaron con calma. Los chicos fueron a las escuelas, los empleados a sus trabajos y ninguna actividad cotidiana fue alterada o suspendida.
En definitiva, fue un día como todos. El plazo se cumplió y Agua Rica sigue instalada en Andalgalá.
La pregunta que surge entonces es: ¿qué cambió desde aquel violento 15 de febrero, cuando la protesta antiminera alcanzó su máxima expresión?
La respuesta no es una sola, sino tan diversa como las opiniones y los matices que pueden encontrarse tanto en uno como en otro lado del conflicto minero.
En primer lugar, podría ser que los asambleístas ya no pueden convocar activamente como lo hacían antes. Los andalgalenses puede que ya no se vean seducidos por los discursos antimineros tan radicalizados y violentos, y así, los que antes los apoyaban, el miércoles prefirieron quedarse en sus casas.
También cabe la posibilidad de que entendieron que la minería bien entendida puede ser la actividad que genere desarrollo en el departamento.
Sólo hay que ver el número de asistentes: 130 personas en el momento de mayor concentración, frente 600 y 700 personas que concurrieron a las primeras manifestaciones antimineras.
En contraposición, los pro mineros -entre desocupados, vecinos y vendedores de los puestos de productos locales ubicados en las puertas de la empresa- reunieron unas 450 personas.
Así las cosas, se puede inferir a las claras que Andalgalá decidió apoyar al trabajo. La ecuación es simple: de 18.000 andalgalenses sólo 130 se manifestaron en contra de la minería, sólo el 0,0072 % de la población. El porcentaje es contundente.