Luego de la resolución impuesta por el juez de Minas de la provincia, Guillermo Cerda, a través de la cual se suspende -hasta nuevo aviso- la actividad minera en la ciudad de Andalgalá por parte de la empresa Agua Rica, el magistrado confirmó que finalmente no hubo apelación, por lo que la medida quedó firme. En este sentido, vencido el plazo de tres días con que contaba la empresa para elevar su presentación ante el fallo, el juez Guillermo Cerda indicó que en ningún momento existió manifestación al respecto.
“A pesar de que la empresa está en todo su derecho para apelar la resolución, la realidad es que no hizo uso de esta posibilidad y prestó conformidad a la medida”, explicó Cerda en diálogo con La UniOn, al tiempo de aclarar que finalmente quedó firme el planteo.
En cuanto a la decisión de Agua Rica sobre este tema, opinó que la conformidad de la medida tendría que ver con los hechos de violencia que se vivieron el lunes pasado, considerando ser imposible trabajar en estas circunstancias.
“Quizás la decisión fue coherente y la más atinada, sobre todo si se vive un estado de violencia o de alteración social como la que ocurrió”, dijo Cerda al manifestar que tal vez tuvieron en cuenta que apelar la medida “no era conveniente, y más aún cuando hay que preservar la tranquilidad y paz social”, enfatizó.
De igual modo, el juez señaló que si bien hay pasos a seguir, en primer término el objetivo será “instaurar la calma en el departamento y comenzar a dialogar bastante”, y para ello advirtió que las autoridades competentes son las que tienen las facultades para empezar a conversar y aclarar una sucesión de cuestiones.
“Lo que se pretende es que vuelva la paz social, ya que es el primer objetivo de cualquier actividad que se pueda desarrollar a futuro y obviamente que en ese contexto fue dictada la resolución, además de proteger los bienes públicos y privados”, remarcó el magistrado.
Pedidos de informe
Otra de las medidas que surgieron fue la del juez de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro, quien finalmente libró una serie de pedidos de informes a diferentes organismos de la provincia intervinientes en el tema minero, entre ellos la secretaría de Minería, en pos del recurso de amparo presentado por ambientalistas.